Mientras el PP exige la "dimisión inmediata" del fiscal general, el Gobierno defiende la "presunción de inocencia"

El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos ha desencadenado una reacción inmediata en el Partido Popular y en el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otras figuras destacadas del partido han exigido públicamente la dimisión del máximo responsable del Ministerio Fiscal, después de que el Tribunal Supremo lo señalara por facilitar información confidencial relativa a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por otra parte, desde el gobierno, aseguran que mantienen la "confianza" en el fiscal general del Estado, tal y como ha declarado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además, ha hecho hincapié en que debe respetare la "presunción de inocencia" y los "pasos" de la justicia.

La reacción del PP

Feijóo aseguró este lunes a través de sus redes sociales que "es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones", en alusión al Ejecutivo. En esa misma línea, Cayetana Álvarez de Toledo reclamó que García Ortiz "debe dimitir hoy mismo". La diputada popular compartió además un vídeo de diciembre de 2023 en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negaba que existieran mensajes o informes de la Guardia Civil que pusieran en cuestión la reputación del fiscal general. "¿Cuándo va a pedir perdón Sánchez a los españoles?", planteó.

El diputado Borja Semper exige explicaciones a Sánchez al considerar que "no es creíble pensar que el fiscal general del estado se mete en semejante berenjenal sin las indicaciones expresas del presidente del Gobierno".

Desde Vox afirman que en el caso de que hubiese ocurrido esta situación con ellos en el poder, un fiscal general "no duraba ni medio nano segundo en el cargo", manifestaba el portavoz del partido José Antonio Fuster. Mientras que Santiago Abascal señala al PSOE y PP que "pelean por escapar de la cárcel", expresaba en 'X'.

Los socios señalan a la justicia

Sin embargo, los socios de Gobierno consideran que el auto del Tribunal supremo está "totalmente injustificado" señalaba el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago. Por su parte Esquerra, Junts y el PNV de momento guardan silencio y no entran a valorar la decisión del juez.

El auto del Supremo apunta a una filtración de un correo privado remitido por la defensa de González Amador

La investigación abierta en el Tribunal Supremo atribuye a García Ortiz haber facilitado a un medio de comunicación el contenido de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al fiscal que instruía la causa por presunto fraude fiscal. Según el auto, ese mensaje, que incluía información personal y procesal del investigado, fue remitido por la fiscal jefe de Madrid al fiscal general y estaba sujeto a deberes de confidencialidad.

El magistrado instructor destaca en su escrito que el contenido compartido se produjo en el marco de una conversación entre un abogado y un fiscal, sujeta a criterios de reserva. Esos datos, según el auto, no podían difundirse sin quebrar la protección de las comunicaciones procesales. La nota de prensa emitida por la Fiscalía en marzo, que también incluía detalles del intercambio, fue uno de los elementos analizados por el tribunal.

La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, se sumó a las críticas con una publicación en redes sociales en la que preguntó: "¿De quién depende el fiscal general cuyo procesamiento acaba de ordenar el Tribunal Supremo? Pues eso". También Rafael Hernando, parlamentario popular, exigió la "dimisión inmediata" de García Ortiz.

El Gobierno pide respeto a las garantías judiciales mientras crece la presión política

Desde el Gobierno, la respuesta se ha centrado en pedir respeto a la presunción de inocencia. Fuentes del Ejecutivo han subrayado que cualquier procedimiento judicial debe desarrollarse con las garantías propias del Estado de derecho y han evitado hacer valoraciones sobre la continuidad de García Ortiz en el cargo.

Con el auto de procesamiento ya dictado, el procedimiento queda ahora a la espera de las decisiones que pueda adoptar el Tribunal Supremo en las próximas fases.

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