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El Supremo procesa al fiscal general por revelación de secretos

García Ortiz, señalado por filtrar información sobre la causa contra el novio de Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece en el Senado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece en el SenadoEFE

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El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta implicación en un delito de revelación de secretos relacionado con la causa abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión llega después de varios meses de investigación, que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fue asumida por el Supremo posteriormente.

La causa se remonta a la nota de prensa publicada por la Fiscalía el 14 de marzo de este mismo año, en la que se detallaban intercambios de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal encargado de las diligencias, Julián Salto.

En aquel momento, el comunicado se emitió con el argumento de "aclarar informaciones incorrectas" aparecidas en medios, pero terminó convirtiéndose en el eje central de la investigación judicial. Una vez el caso pasó a manos del alto tribunal, el Supremo descartó que esa nota tuviera entidad delictiva por sí sola.

Sin embargo, a medida que avanzaban las diligencias, el foco se amplió para volver a incluir ese comunicado, así como otras supuestas filtraciones de documentación interna vinculada al caso de presunto fraude fiscal contra González Amador.

El comunicado, los correos y la filtración de diligencias, bajo revisión

Además de la nota pública, el instructor ha incorporado a la causa el análisis de un correo electrónico que la defensa del empresario envió el pasado 2 de febrero. En ese mensaje, ofrecía un reconocimiento de los delitos fiscales investigados a cambio de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

Este mensaje se habría filtrado a medios de comunicación poco después, según los indicios recogidos en el procedimiento.

El procesamiento no solo afecta al fiscal general del Estado. La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid también ha sido procesada por el mismo presunto delito.

Ambos habrían participado en la difusión no autorizada de información protegida por secreto legal, lo que podría constituir una infracción penal de carácter grave, al estar en juego derechos fundamentales como la defensa y la confidencialidad de las actuaciones judiciales.

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