Los expertos tachan de 'ilegal' que Cataluña pueda echar a inmigrantes reincidentes sin el dictamen de un juez

Junts vuelve a insistir en que Cataluña debe tener una política de Estado en inmigración. Así lo ha indicado el secretario general del partido, Jordi Turull, durante su intervención en el consejo nacional en El Morrell, Tarragona.

"Cataluña debe tener una política nacional de inmigración. No rehuiremos asumir una política de Estado en aquellas materias fundamentales para un país", ha dicho en referencia al traspaso de competencias acordado con el PSOE.

Turulla ha afirmado que ese pacto y otros acuerdos con el Gobierno les convierte en determinantes sin dejar de lado el independentismo y cree que eso contribuye a que sean la alternativa a un Govern "resignado, agotado y pronto acabado", ha dicho sin citar a ERC.

Ha afirmado que Junts se está mostrando como el independentismo útil y que tiene vocación de gobierno, no de poder. "Actuamos con mentalidad de Estado, otros actúan con mentalidad de partido", ha dicho.

¿Es posible una política de Estado en inmigración?

Junts ha pactado con el PSOE la "delegación integral de las competencias de inmigración", entre otras concesiones. En la práctica, pretenden expulsar a los migrantes que sean delincuentes multirreincidentes.

Turull ha explicado que aspira a que Cataluña pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean multirreincidentes. "Tenemos que mirar en qué condiciones a estas personas se les puede echar", ha dicho. El secretario general del partido ha explicado que las competencias de inmigración se asumirían mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña

Pero según abogados expertos en extranjería, esta práctica no es posible. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede traspasar esa atribución a las comunidades. Los únicos que pueden expulsar a migrantes reincidentes son los jueces. Así lo indica el artículo 89 del Código Penal.

Si un migrante es condenado por un delito, el juez tiene dos opciones. La primera es hacerle cumplir la pena en una cárcel española. La segunda opción es expulsarle a su país de origen.

El Gobierno solo podría delegar a las comunidades la expulsión de migrantes sin papeles, pero no a los delincuentes.

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