Los países de nuestro entorno endurecen sus políticas de asilo: en Dinamarca se plantean trasladar a los solicitantes a países como Ruanda

La política migratoria de la Unión Europea está experimentando un giro restrictivo sin precedentes. En respuesta a la presión política interna, el aumento de solicitudes de asilo y el auge de partidos de extrema derecha, muchos Estados han adoptado reformas que limitan el al asilo y endurecen los controles fronterizos. Uno de los pasos más significativos se dio en diciembre de 2023, cuando el Parlamento Europeo aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo, cuyo objetivo es acelerar los procedimientos fronterizos y facilitar la devolución de solicitantes rechazados. La Comisión Europea ha defendido este marco como un “equilibrio entre responsabilidad y solidaridad”, aunque organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch lo califican de “peligroso retroceso de derechos” al permitir la detención de solicitantes en centros fronterizos durante semanas.

La "mano dura" de Francia

Francia promulgó una nueva ley migratoria en 2024. En ella se contempla la detención de extranjeros en situación irregular de 90 a 210 días. Restricciones en su regularización para aquellos inmigrantes que no tengan empleo estable. En el país galo se recibieron algo más de 130.000 solicitudes de asilo en año pasado.

Alemania también ha endurecido sus medidas. Mayor control para los solicitantes de asilo en las fronteras terrestres, la limitación de la reunificación familiar para refugiados durante dos años y la introducción de tarjetas de pago para solicitantes de asilo, con el objetivo de reducir los incentivos económicos para migrar. Además se ha eliminado la denominada "naturalización turbo" que permitía obtener la ciudadanía alemana en tres años. Ahora son cinco.

El gobierno británico, bajo el liderazgo de Keir Starmer, anunció en mayo de 2025 un plan para endurecer su sistema de inmigración legal. Las medidas incluyen más requisitos para obtener visados y para lograr la ciudadanía británica.

El gobierno portugués presentó un Plan de Acción para las Migraciones, compuesto por 41 medidas. Este plan busca regular la inmigración, atraer talento extranjero, promover una integración humanista y reorganizar las estructuras institucionales. Entre las medidas destacan la priorización de canales de entrada para lograr el reagrupamiento familiar, permitir el de jóvenes estudiantes y profesionales cualificados

Muro legal

Países como Dinamarca, Austria e Italia han ido más allá. Copenhague ha impulsado la externalización del asilo, proponiendo trasladar a los solicitantes a países africanos como Ruanda para que allí se gestionen sus peticiones, siguiendo un modelo similar al implementado por el Reino Unido. Italia, por su parte, firmó en 2024 un acuerdo con Albania para construir centros de procesamiento extraterritorial, una medida duramente criticada por el Consejo de Europa. Pero muchas de estas inicitivas han chocado contra un muro legal. Las deportaciones forzosas encuentran trabas strativas y legales. Incluso la resistencia social en los países de origen de los inmigrantes que se oponen a dichas devoluciones.

Según datos de Eurostat, en 2024 se presentaron más de un millón de solicitudes de asilo en la UE, con Alemania, Francia y España encabezando la lista. Sin embargo, las tasas de aceptación disminuyeron, y los tiempos de espera se prolongaron por falta de personal y recursos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su “profunda preocupación” por la deriva restrictiva en Europa. “El derecho al asilo está siendo erosionado. Las políticas actuales priorizan la disuasión sobre la protección”, afirmó su portavoz, Shabia Mantoo, en una rueda de prensa en Ginebra en mayo de 2025.

Mientras Europa refuerza sus muros físicos y legales, miles de personas huyen de conflictos, persecuciones y crisis climáticas. Para ellas, el endurecimiento del asilo no es una política, sino una sentencia de espera indefinida y desprotección.

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