Caso Koldo
Víctor de Aldama podría haber estado en el aeropuerto junto a Ábalos en el conocido como 'delcygate'
Aldama habría estado con Ábalos y su asesor Koldo en el aeropuerto de Barajas para recibir a Delcy.
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Nuevos detalles del caso Koldo. Este y el caso Delcy se entrecruzarían tras haber conocido que Víctor de Aldama fue contratado por Air Europa para conseguir que el Gobierno de Venezuela le devolviera una deuda. Aldama habría estado con Ábalos y su asesor Koldo en el aeropuerto de Barajas para recibir a Delcy. Esto es lo que sugiere un informe de la Agencia Tributaria que se incluye en el sumario del caso Koldo.
En 2020, Ábalos se reunió con la ministra de exteriores venezolana Delcy Rodríguez en Barajas, en un encuentro que nunca se explicó. Allí también estuvieron Koldo y Aldama. Según la investigación, este último sería el "hombre de las mil empresas", el "comisionista del caso Koldo". Tenía el encargo de Air Europa de sacar 200 millones de dólares que tenía atrapados en Venezuela. Su recompensa 5 millones de euros. Nunca cobró ese encargo, pero continuó percibiendo 10.000 euros al mes de la aerolínea para mediar en su rescate. Eso sí lo logró. El gobierno pagó más de 615 millones de euros.
Caso Koldo
Sobre el caso Koldo, recientemente se ha conocido que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, es el juez de garantías designado en la investigación que abrió la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados en los primeros meses de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.
García Castellón va a actuar como juez de garantías para autorizar las diligencias que decida llevar a cabo la Fiscalía Europea en el marco de esta investigación. Manuel García Castellón también investigó al expresidente catalán Carles Puigdemont en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' en 2019.
El Tribunal Supremo asumió la investigación debido a la condición de aforado que goza en calidad de eurodiputado y abrió causa penal por unanimidad.
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