Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo exige al Gobierno tomar medidas inmediatas para los menores no acompañados en Canarias
El Tribunal Supremo ha instado al Gobierno a actuar con urgencia y advierte que si no cumplen con esta orden, podrían enfrentarse a medidas coercitivas dirigidas a los responsables.

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El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno a actuar con urgencia para atender a los aproximadamente mil menores no acompañados en las Islas Canarias que solicitan asilo. Además, ha advertido que, si no cumplen con esta orden, podrían enfrentarse a medidas coercitivas dirigidas a los responsables.
El Tribunal Supremo se pronuncia así después de la audiencia del 29 de mayo. Señalan que se ha podido comprobar un "evidente incumplimiento" de la medida cautelar acordada el 25 de marzo. Esto se debe a que, en estos dos meses, no se ha evaluado a ningún menor ni se ha elaborado un informe completo y detallado sobre ellos.
Todo ello, señala, implica un total desconocimiento de los derechos que la legislación relativa a la protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de "vulnerabilidad y necesidad".
Entre los derechos que no están siendo plenamente reconocidos, según el auto, se encuentran el a educación, asistencia sanitaria, alojamiento digno, y protección jurídica, derechos los cuales están garantizados por la legislación europea.
Los magistrados insisten en que, "hasta el momento, en claro incumplimiento de la medida cautelar acordada , son ya dos los requerimientos incumplidos, la istración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior".
Exigencias al Ejecutivo
El Supremo exige al Gobierno que en un plazo máximo de 30 días se refuercen con personal y recursos las oficinas responsables de tramitar las solicitudes de protección internacional. Además, le da 15 días para coordinar con Canarias la provisión de recursos necesarios para garantizar la acogida integral de estos menores.
El auto también exige identificar a los responsables directos del cumplimiento de estas medidas en cada ministerio implicado y establece la obligación de informar a la Sala cada 15 días sobre los avances. En caso de nuevos incumplimientos, el tribunal advierte que podrá aplicar medidas coercitivas.
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