Comunidad de Madrid
Un segundo juzgado investiga a ex altos cargos de Ayuso por la gestión de las residencias
Este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

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Un juzgado de Leganés abre una segunda causa judicial contra varios ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia.
Según ha informado a EFE una de las querellantes, este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
Las declaraciones están previstas para el 17 de junio. El mismo día testificarán Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid y las dos querellantes.
Una querella presentada por familiares de residentes
No es un procedimiento judicial que parta de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes. Marea de Residencias, uno de los querellantes, ha explicado que ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.
También en el marco de este procedimiento, Marea de Residencias ha explicado que está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio; entre los que se encuentran Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia.
Se trata de una causa que se suma a la abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que el pasado lunes 26 de mayo suspendió la declaración de los investigados Mur y Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en marzo y abril de 2020, y Burgueño, responsable de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.
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