Audiencia Provincial
Condenan a 7 años de cárcel al exconsejero de Empleo de Andalucía, Antonio Fernández, por los ERE
La Audiencia de Sevilla condena a años de cárcel al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez. Por contra, absuelve a otros tres altos cargos.
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a siete años y un día de cárcel al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, por las subvenciones concedidas a la empresa de Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
La Sección Tercera condena al exconsejero de Empleo como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación.Además de los años de cárcel, también le inhabilita durante 17 años y 15 días. La Audiencia de Sevilla le absuelve de un delito de tráfico de influencias.
Respecto a Juan Márquez, le condena como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación. También se le inhabilita a diez años y un día.
Absuelve a otros tres altos cargos
La a Audiencia Provincial de Sevilla absuelve a otros tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron enjuiciados y ha impuesto condenas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la istración autonómica.
Entre los altos cargos que han sido absueltos se encuentra el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano, de los delitos de malversación y prevaricación de los que fueron acusado.
